EL TRAMPOLÍN POLÍTICO

Autor: Constantino Díaz Fernández

 

El deseo de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama, es una cualidad que, con mayor o menor grado, está asociada al ser humano desde el principio de los tiempos. No se puede cuestionar que es absolutamente lícito, y hasta necesario, tener aspiraciones, ni se puede negar el derecho a que cada individuo trate de alcanzar su meta particular cubriendo todos sus objetivos. Cuando todo ello se consigue con mérito y esfuerzo, de forma justa y razonable, respetando escrupulosamente  las normas establecidas, se  merece el más alto reconocimiento; pero cuando la ambición se desborda y se trata de alcanzar la gloria terrenal a cualquier precio, de cualquier manera, amén de las responsabilidades civiles y penales en que se pudiera incurrir, debería tener el más absoluto y general repudio.  Entre estos dos extremos se encuentran aquellos que, aprovechándose de una situación de privilegio, como el caso de muchos dirigentes políticos, utilizan todos los hilos del poder para tejer el capullo que les permita pasar de modesta crisálida a radiante y pompática mariposa; todo ello, por supuesto, a costa de los votos del incauto ciudadano y el beneplácito de la masa de tifosi dispuestos siempre a hacer alharacas a cualquier trepa que se cobije bajo su particular bandera. Difícil de definir y más aún de calificar sin faltar a las más elementales normas de la buena educación.

Siempre he entendido la política como una vocación de servicio a la sociedad, una dedicación temporal en la que se ponen a su disposición los conocimientos y experiencias previamente adquiridos, de forma desinteresada, sin ánimo de lucro, con la única recompensa de la propia satisfacción por el deber cumplido y el reconocimiento de la comunidad a la que hemos servido. Es notorio que cuando se ejerce un cargo político que requiere una dedicación exclusiva este suele demandar un gran esfuerzo personal que trasciende a la propia familia del sujeto y, por ende, es obvio que merece una compensación económica digna y acorde con el cargo. No se trata de que el ejercicio de la política le cueste dinero al practicante, aunque han existido casos en que así ha sido; pero, de ahí, a convertir esta actividad en profesión altamente lucrativa, hay un abismo. En las épocas más recientes de nuestra historia, los políticos, salvo las excepciones de toda regla, han venido respondiendo a este perfil. La implantación de nuestra reciente democracia, y más concretamente a partir de la llegada del socialismo al poder (por cierto socialismo muy alejado del concepto tradicional basado en la propiedad pública de los medios de producción y el control planificado de la economía por la sociedad, y aderezado con el aditivo de obrero) parecen haber cambiado las cosas de un modo radical, emergiendo una nueva clase política que, sin ningún pudor, convierte el ejercicio político en una forma de vida, hace ostentación del cargo, moviliza los recursos públicos en su propio beneficio y utiliza el BOE para crearse todo tipo de privilegios, abriendo, de esa guisa, una profunda brecha en cuanto a deberes y derechos con el resto de la ciudadanía, y, por si esto no fuese suficiente, crea las condiciones adecuadas para garantizarse un retiro dorado, compatibilizando, como no, todo tipo de emolumentos. Lo más triste y lamentable es que una buena parte de los dirigentes políticos actuales, en algunos casos ejerciendo de forma simultánea varios cargos y percibiendo remuneraciones astronómicas, difícilmente pueden aportar ningún tipo de experiencia de gestión, dado que, fuera de la política, no han acumulado ni las peonadas necesarias para cobrar el PER. Con esa competencia, no es por casualidad que así nos vayan las cosas.

Utilizar la política como trampolín para conseguir riquezas y colmar las ambiciones personales no es admisible ni presentable. Si, además, el político es de izquierda y forma parte de un partido que se autodenomina socialista obrero es, cuanto menos, obsceno. No se puede admitir que se presuma de socialista, se prediquen políticas de izquierda, y se viva como un burgués; no es compatible. Posiblemente la explicación es que estamos ante un nuevo acontecimiento planetario: la migración del socialismo obrero al “socialcapitalismo”. Por idénticas razones, la acumulación de riquezas durante el ejercicio de un cargo político, y más aún si este es relevante, elevando de forma muy considerable el patrimonio de partida, aunque no se pueda probar de forma fehaciente su procedencia ilícita, no es ético ni moral. Nadie que ostente un cargo de estas características debería mantenerse en el mismo bajo la sombra de sospecha; ni es bueno para la persona ni para la institución que representa, y mucho menos para la democracia.

Nota: Artículo publicado en la edición digital del diario La Nueva España de Oviedo, con fecha 26/07/2010

ADITIVOS ALIMENTARIOS ¿Sabemos lo que comemos?

Autor: Constantino Díaz Fernández

 

   Desde hace algún tiempo, por inexcusables exigencias de observar un especial cuidado en la dieta alimentaria, me he visto en la necesidad de prestar particular atención a la composición de los alimentos a incluir en la cesta de la compra. Esta tarea, sin dificultad aparente, tropieza con el no despreciable  obstáculo de tener que descifrar lo que se esconde detrás de la ingente cantidad de aditivos alimentarios que, de manera generalizada, están integrados en los ingredientes de la inmensa mayoría de los productos elaborados y/o envasados que consumimos. Es notorio, que las normas vigentes sobre el etiquetado de los productos alimenticios derivadas del Real Decreto 1334/1999, y todos los demás que, atendiendo a directivas del Parlamento Europeo, las han ido modificando, han puesto un cierto orden en lo referente a la información a facilitar al consumidor; así pues, al día de hoy, en las etiquetas de los productos envasados se puede encontrar, desde información nutricional completa (energía, proteínas, hidratos de carbono, grasas, etc.), cualitativa y cuantitativa, hasta el conjunto de los ingredientes más característicos de que consta el producto; todo esto, bastante claro y conciso. Lo que ya no está tan claro, dada la exigua información exigida por la actual normativa, es lo relativo a los aditivos (incorporados en la propia lista de ingredientes); aquí nos tendremos que conformar con disponer de un código (en algún caso, los menos, también se incorpora el nombre específico), quedando cualquier otra información adicional: cantidad añadida, ingesta diaria admisible (IDA), efectos secundarios que el aditivo puede causar en el organismo, interacciones con otros aditivos, precauciones a tomar por personas sensibles (niños y algunos enfermos), etcétera, que, siendo manifiestamente necesaria, es deliberadamente excluida.

   De forma genérica, los aditivos alimentarios, que ya se vienen utilizando desde siglos atrás, han experimentado, particularmente en los últimos 50 años, un notable incremento. Durante este tiempo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el campo de la alimentación ha descubierto y puesto a disposición de esta industria una importante cantidad de sustancias, naturales y sintéticas, que incorporadas a determinados productos los hacen susceptibles de modificar sus características físicas, químicas o biológicas, buscando, habitualmente, un mayor atractivo para el consumidor (color, sabor, etcétera) y, casi siempre, una mejor y más larga conservación; todo ello sin que, supuestamente, a las concentraciones máximas autorizadas, representen un serio riesgo para la salud del consumidor. En este momento, autorizados en la Unión Europea, e identificados por la letra “E” seguida de un número de referencia, existen más de 400 aditivos, clasificados, a efectos de etiquetado, en unas 26 clases funcionales: colorantes, conservantes, antioxidantes, edulcorantes, acidulantes, emulgentes…., hasta el total indicado. Esto, por si mismo, puede dar una idea de la gran complejidad que rodea a todo lo relacionado con el tema, lo cual contribuye a crear una gran behetría en el elemento final de la cadena: el consumidor.

   Se puede admitir, en términos generales, que existen razones fundadas que justifican el uso de los aditivos: económicas, logísticas, psicológicas, tecnológicas, nutricionales…., entre otras; si bien, con distinto peso específico. Es evidente, que su empleo introduce determinados factores positivos y hacen que muchos productos sean más accesibles y manejables para los consumidores, sin olvidar, por otro lado, los beneficios que de ello se derivan para los fabricantes, como también lo es el hecho de que, en no pocos casos, entrañan ciertos riesgos que quedan, exclusivamente, a cuenta y cargo de los primeros. Tampoco se debe ignorar la controversia que existe sobre este tema por parte de organizaciones internacionalmente reconocidas y la preocupación de las autoridades competentes  por mantener el control sobre el mismo; todo ello dentro de un marco en el que se cruzan multitud de intereses. Durante los últimos años se han ido eliminado sustancias que previamente estuvieron autorizadas, a las que, con toda probabilidad, se añadirán otras en el futuro; igualmente, estudios basados en experiencias acumuladas en el tiempo han aconsejado modificar la ingesta máxima diaria inicialmente recomendada en algunas otras, admitiendo, mediante estas revocaciones, que decisiones anteriores no habían sido plenamente acertadas. Todo esto nos debería orientar hacia la cautela, llevándonos a una elemental conclusión: la vigencia de una autorización administrativa para el empleo de un determinado aditivo, en un determinado momento, no le da, en sí mismo, ninguna garantía de inocuidad.

   Sería muy difícil y complejo, amén de siempre discutible, establecer un juicio de valor sobre el ratio riesgo/beneficio de los aditivos alimentarios (tanto los naturales como los obtenidos por procesos químicos de síntesis), sin entrar en el perfil de cada consumidor (características personales, hábitos de consumo, etcétera), ni pormenorizar para cada uno de ellos; pero, sin ánimo de ser exhaustivo, ni entrar en complejas disquisiciones, sí se pueden sugerir algunas actuaciones básicas y elementales que sería muy conveniente observar: leer detenidamente las etiquetas de los productos antes de comprar, identificar que tipos de aditivos contienen, informarse de lo que hay detrás de cada uno de los códigos que los identifican (fundamentalmente el tipo de sustancia y sus posibles efectos tóxicos) y, en caso de duda, cuando ello sea posible,  preferir siempre alimentos que no contengan aditivos de los grupos en los que se encuentran los que mayor riesgo potencial ofrecen (colorantes y conservantes).  Como principio general, deberán siempre conocerse y analizarse los tipos de aditivos que habitualmente estamos ingiriendo y cuantos productos diarios, o con elevada frecuencia, estamos consumiendo que contengan esos mismos aditivos. Es importante tener en cuenta, que el notable incremento en el consumo  de productos elaborados y envasados que en los últimos tiempos se viene produciendo, y el generalizado uso (no sé si también abuso) que, fundamentalmente por razones económicas, están haciendo los fabricantes de este recurso, puede hacer que estemos aumentando de manera significativa la ingesta diaria de ciertos aditivos poco recomendables, incrementando, por tal motivo, el nivel de riesgo que tal práctica puede representar para nuestra salud. Lo que, bajo ningún pretexto, no debería tolerarse, es la carencia de la información necesaria y suficiente que, en el acto de compra de un producto  destinado a la alimentación, se debería ofrecer al consumidor, hurtándole, de manera flagrante, la posibilidad de que sea este último el que tome, consciente y responsablemente, la decisión que estime oportuna.

    La Comisión Europea, con sede en  Bruselas, tiene pendiente, desde hace años, una revisión general de toda la legislación actualmente vigente sobre el asunto de los aditivos, pero, por una u otras razones, el tema sigue en el olvido. Es evidente que, en estos últimos dos años, la crisis económica y financiera que ha amenazado con llevar al traste todo el sistema, ha supuesto una concentración del esfuerzo para todas las instituciones europeas, dejando aparcados otros temas considerados de orden menor, aunque el caso que nos ocupa no lo sea tanto. Es de esperar, y de exigir, que esa mesnada de provectos sinecuras, procedentes de los excedentes políticos de los países miembros de la Unión, gozando de unas condiciones personales y económicas de autentico lujo, se muevan con un poco más de soltura y den curso a tantos asuntos pendientes como acumulan, entre los que se encuentra el que referimos. 

   En ningún caso estas líneas pretenden condenar, ni siquiera  juzgar, el uso de los aditivos alimentarios, ni mucho menos  confundir ni desorientar a nadie; simplemente crear un estado de conciencia sobre un tema tan importante como la alimentación que, por influir decisivamente en nuestra calidad de vida, tiene un papel relevante y, por ende, merece la pena tener en cuenta y conocer. No se trata, por tanto, de generar preocupación, sino de invitar a la acción. En la medida que esta pequeña introducción lo consiga, se podrá considerar el objetivo como cumplido.

            

Oviedo, 1 de agosto de 2010

Nota: Artículo publicado en el diario La Nueva España de Oviedo, con fecha  17 de marzo de 2008