EL PURGATORIO ESPAÑOL

¿Qué pecados tan graves habremos cometido los ciudadanos españoles  para tener que vivir cargando con una dura penitencia que ni entendemos, ni comprendemos, ni, mucho menos,  merecemos? ¿Cómo es posible que un pueblo que, a través de los tiempos, ha acreditado unos valores y una capacidad de sacrificio merecedores de la mejor fortuna, se encuentre inmerso en una especie de lodazal en el que cada día se ve más y más hundido? ¿Quiénes han sido los artífices de tamaño desaguisado y cuales los instrumentos de los que se han servido? ¿Cómo y cuándo podremos librarnos de este castigo y recuperar la normalidad que nunca debimos haber perdido, para que podamos enfrentar el futuro con la confianza e ilusión que, necesariamente, se necesita para recorrer el ya de por sí difícil camino de la vida?

Estoy seguro de que muchos españoles, sobre todo aquellos a los  que la crisis está golpeando con más fuerza, se hacen frecuentemente este tipo de preguntas, a las que, en muchos casos, no encuentran ningún tipo de respuesta.  ¿Cómo se les puede explicar a aquellas familias que no tienen ni los mínimos recursos necesarios para alimentar adecuadamente a sus hijos, o que están a punto de verse en la calle por haber perdido su trabajo y no poder hacer frente a sus compromisos hipotecarios, que todo ello se debe a una crisis en la que su protagonismo solo se resume al papel de víctimas?  La cuestión no es nada fácil, y, lo más grave, es que, perdida la confianza en aquellos que se eligieron precisamente para buscar  soluciones, y que, a la postre, se han convertido en el principal problema, ya no les quedan más alternativas que o resignarse o movilizarse. Dado que la primera representa sumisión, aceptación y abandono a su suerte, lo normal es que se opte por la segunda: manifestarse tomando las calles para exigir lo que por justicia y por ley les corresponde. Cuando ya no queda nada que perder, es más fácil asumir  cualquier riesgo, y, aquí y ahora, ya se empiezan a dar estas condiciones.

En España, después de la muerte de Franco, que cerró un largo período al que algunos, no todos, calificaron como una parte negra de nuestra historia, se abordó una transición a la democracia, con un modelo de Estado basado en una monarquía parlamentaria, que  fue recibida con grandes expectativas por la inmensa mayoría de los ciudadanos, de la que se esperaban grandes progresos en materia de libertades y bienestar social. Desde el periodo constituyente, que propició la redacción de la Constitución española de 1978, hasta nuestros días, en los que estamos viviendo la X Legislatura, alumbrada en diciembre de 2011 al constituirse las nuevas Cortes tras el proceso electoral que dio la mayoría absoluta al Partido Popular, España ha pasado, como muchos otros países de nuestro entorno, por distintas fases en las que se alternaron etapas de luces con otras de sombras, aunque en ningún caso se había llegado a una situación  tan preocupante como la actual. La crisis  financiera, iniciada  en el año 2008, a la que siguió el estallido de la burbuja inmobiliaria y la consecuente destrucción de empleo, con un vertiginoso aumento del paro laboral, que el Gobierno de turno no supo identificar, ni posteriormente atinó a reaccionar, ha llevado a la ruina y a la desesperación a miles y miles de familias.

Las medidas que el nuevo Ejecutivo ha puesto en marcha para tratar de frenar primero y  revertir después los devastadores efectos de de la crisis, basadas prácticamente en recortes en el gasto, sin otras complementarias para la reactivación económica, no han hecho más que destruir el ya débil tejido empresarial, que ha retrocedido a niveles del año 2002, mientras que el desempleo se ha elevado a la alarmante cifra del 26,3 % (datos a febrero de 2013), solo superado  por Grecia, con un 26,4 %;  tasa que representa un valor 5 veces superior al registrado en Alemania (5,4 %), y más del doble que la del conjunto de los 27 países de la UE (10,9 %). En estos momentos, en los que la Unión Europea ha alcanzado la cifra de 500 millones de habitantes, España contribuye a esa población con poco más del 9 %, mientras que su aportación al desempleo supera el nivel del 30 %; o, dicho de otra manera: de cada tres personas sin empleo en la UE, uno es español. Con estos mimbres, con la amenaza de un rescate, aún no totalmente descartado, con el ejemplo de Chipre, que, entre otras duras medidas de ajuste, ha venido a poner en cuestión la seguridad del ahorro depositado en las entidades financieras, y las previsiones de PIB que los observadores internacionales conceden a nuestro país: contracción de, aproximadamente, el 1,5 % para el año 2013 y un avance no superior al 0,8 %  para el próximo año 2014, cuando nunca se ha creado empleo por debajo del 2 %, el futuro, a corto y medio plazo, es bastante desalentador. Si ya es una quimera la creación de empleo en una economía sin crecimiento, aún lo es más cuando a esta circunstancia se le suma el efecto de un ritmo de inflación que no cede: la temida estanflación.

Si bien es verdad que la crisis no es exclusiva de España, también lo es que nuestro país está en franca desventaja con la mayoría de los de nuestro entorno para enfrentarla. Nuestra estructura del Estado, basada en comunidades autonómicas, un desconocido modelo a medio camino entre un estado central y un sistema federal, aparte de establecer importantes diferencias entre los ciudadanos de unas y otras autonomías y fomentar el sentimiento nacionalista, no ha demostrado, en términos de eficacia, aportar ninguna solución; por el contrario, por pura megalomanía de la clase política, creando superestructuras innecesarias como si se tratase de mini estados, se ha convertido en un monumento al despilfarro sin control, absolutamente inasumible para nuestros niveles de renta, amén de caldo de cultivo para la corrupción. Aparte de la propia Administración autonómica, si descendemos a la Administración local, a nivel de municipio, el asunto no es menos grave: tenemos 8.116 municipios, 5.000 de los cuales tienen menos de 1.000 habitantes, entre los que se encuentran más de 1.000 que no superan los 100; todos ellos, por supuesto, con su estructura corporativa correspondiente, además de otras figuras eventuales tales como mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas y entidades de ámbito territorial inferior a municipio. En definitiva, todo un gigantesco entramado que, para una población de aproximadamente 47 millones de habitantes, se ha convertido en la más compleja estructura administrativa de Europa, superando en más de 20 veces a la que actualmente tiene Gran Bretaña, a pesar de contar con más de 60 millones de habitantes, y, esto, sólo por poner un ejemplo. 

El Gobierno presidido por Zapatero, que fue el primero en enfrentarse con esta excepcional crisis, quizás por no haber valorado adecuadamente su alcance y repercusiones, además de presiones ideológicas y multitud de condicionamientos derivados de la relación de fuerzas con las que contaba en el Parlamento,  no ha sido capaz de instrumentar medidas similares a las que se tomaron en otros países, como Alemania, por ejemplo, para paliar sus efectos, limitándose a actuaciones puramente coyunturales derivadas de las presiones que le llegaban de Bruselas. Con la llegada del Gobierno del PP, con una mayoría absoluta que le daba toda la capacidad de acción, renacieron las esperanzas de que se empezaran a ver soluciones que pudieran representar el punto de inflexión en la caída libre que veníamos experimentando. Pasado más de un año de Legislatura, y después de haber incumplido prácticamente todas sus promesas electorales, con actuaciones contradictorias a los principios dogmáticos que siempre habían venido defendiendo en sus intervenciones en la oposición, utilizando siempre  la disculpa de haber recibido una herencia envenenada, la decepción ha vuelto a instalarse en la mayoría de los ciudadanos que habían dado su confianza a este partido, incluso entre muchos de sus más incondicionales valedores. La facundia parlamentaria de Rajoy, de la que tanta gala había hecho en sus enfrentamientos con el anterior Ejecutivo, se está transformando en una penuria argumentaría propia de aquellos que solo pueden jugar a la defensiva.

Las decisiones más relevantes que hasta ahora ha tomado el Gobierno de Rajoy para encauzar la situación, intentando al tiempo cumplir con las exigencias de Bruselas, solo han venido a cargar, aún más, las ya castigadas  espaldas de los trabajadores y pensionistas, sin que, de momento, se atisben síntomas de mejoría en ninguno de los sectores económicos, ni se frene la destrucción de puestos de trabajo. Las continuas declaraciones de Rajoy, basadas en el fruto que espera obtener de sus recetas, pronosticando un futuro más prometedor, ya no convencen a nadie. En este contexto, no es extraño que los ciudadanos, cansados de no ver luz en el horizonte, acosen a los políticos con manifestaciones ad hoc, como es el caso de los escraches. No es que esté de acuerdo con este procedimiento, ni que trate de justificarlo, máxime si exceden ciertos límites; pero, cuando se lleva a las personas a situaciones extremas, la respuesta siempre suele ser a la desesperada.

Mientras no se aborde una auténtica y profunda reforma de la Administración y los servicios públicos, dotándoles de un tamaño, estructura, organización y funcionamiento adecuados, que responda a las estrictas necesidades de nuestra sociedad, cubriendo los objeticos básicos para obtener los resultados necesarios, al menor coste, no estaremos más que dando palos de ciego. Por esta vía, en la que queda prácticamente todo por hacer, es donde se puede obtener el más importante ahorro, muy superior, y, por supuesto, mucho más justo que el procedimiento de sacar el dinero de los bolsillos de los ciudadanos.  La crisis que vivimos, aunque larga para todos, solo será temporal para aquellos que sepan adaptarse; el resto, al igual que el proceso natural de selección de las especies, sólo sobrevivirá lo justo para dejar testimonio de su existencia.

En estos tiempos en los que la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones, con una clase política totalmente desacreditada y continuamente bajo sospecha, afectada por los continuos casos de corrupción que se vienen destapando, donde ni la propia Casa Real se libra de los escándalos, con una deriva política y económica preocupante, la situación no se puede arreglar con unos meros retoques, sino con un profundo debate sobre el modelo de Estado. Es evidente que ya nadie nos puede salvar de pasar por el purgatorio, pero lo que tenemos que evitar, a toda costa, es que nos obliguen a descender al infierno. 

C. Díaz Fdez.

Abril de 2013