LAS TRIBULACIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA FRENTE A LA DELICADA CRISIS ECONÓMICA

    Como ya era de esperar, no le está resultando nada fácil al reciente estrenado Gobierno de España la tarea de encauzar la deteriorada situación heredada de la anterior Administración socialista. La generalizada crisis económica  que, desde hace más de tres años, venimos padeciendo, unida a la ineptitud de los distintos gobiernos presididos por Zapatero (el más incompetente de cuantos hemos tenido en nuestra joven democracia), ha puesto a la luz muchas carencias y nos ha conducido a una situación de auténtica emergencia, posicionándonos a la cola de Europa, superados, de momento, solo por Irlanda, Grecia y Portugal. Con un paro que supera el doble de la media de todos los países que integran la UE, una prima de riesgo excesivamente elevada que encarece de forma notable la financiación de nuestra deuda, una caída de la inversión pública y privada, una reducción creciente del consumo de las familias, unos mercados especulando con nuestro futuro, y algunos dirigentes europeos,  como el caso del  presidente francés, Nicolás Sarkozy, o el primer ministro italiano, Mario Monti, sembrando dudas sobre nuestra capacidad de recuperación, el futuro no se presenta nada halagüeño. No cabe la menor duda que será necesario tomar medidas duras e impopulares, que supondrán un esfuerzo añadido sobre las ya cargadas espaldas de los españoles; pero, sobre todo, será imprescindible que estas sean rápidas, contundentes, acertadas y eficaces. Dado que el problema es conocido, lo que no se puede errar es en las soluciones a aplicar; las actuales circunstancias ya no admiten más experimentos ni más demoras. Si España, como ya empiezan a apuntar algunos medios nacionales y extranjeros, se viera forzada a aceptar un rescate, la situación se tornaría dramática y los efectos para el País serían demoledores. Las consecuencias de una intervención no solo supondría una pérdida real de nuestra soberanía, sino que, además, condenaría a los españoles a no levantar la cabeza durante muchos años.

 

    Al hilo de lo anterior, no se puede negar que el Gobierno, presidido  por Mariano Rajoy, preocupado y ocupado por todo ello, se está moviendo con celeridad. Las medidas que está tomando en el corto tiempo que lleva de mandato, así como el calado de las mismas, denotan una voluntad firme de emprender el camino que nos lleve paulatinamente a la ansiada recuperación. En cualquier caso, todavía queda mucho por hacer: más ajustes, más reformas, políticas de reactivación  y, de forma prioritaria, la revisión  del actual modelo autonómico y municipal.  De todo el conjunto de medidas que, necesariamente, tendrán que ser puestas en marcha por el nuevo Ejecutivo, con el coste político que ello represente (la reforma laboral ya le ha supuesto la primer huelga general, y eso a menos de 100 días de la toma de posesión), lo que, a mi entender, tendrá más dificultades  y que, por otra parte, estimo condición sine qua non, será la reforma del monumental, desproporcionado, ineficaz e insostenible sistema autonómico y municipal que, además de estar lastrando nuestra economía, está generando un alto nivel de desconfianza tanto en los mercados internacionales como en nuestros socios comunitarios.

    No es entendible, ni asumible, que un país como España, con una población de aproximadamente 47 millones de habitantes, tenga la más compleja estructura administrativa de Europa, con un dimensionamiento que supera en más de 20 veces al que tiene Gran Bretaña, a pesar de contar con más de sesenta millones de habitantes, y esto por poner solo un ejemplo. Si a las diecisiete comunidades autónomas, engendro creado en este país, sin precedentes en el planeta Tierra, a medio camino entre un estado central y un sistema federal, les unimos las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, más diputaciones, comarcas, municipios, entidades locales menores, etcétera, tenemos, además de 19 gobiernos autónomos, 8.116 ayuntamientos y más de 3.000 miniayuntamientos, sin que por ello hayamos ganado ni un ápice en  eficacia, sino todo lo contrario  multiplicar servicios y funciones, contribuyendo a aumentar la confusión y el desorden entre los distintos organismos, con los consiguientes perjuicios a los administrados.  Lo más lamentable es que todo este entramado, establecido con la disculpa de acercar la Administración al ciudadano, lo único que ha servido es para satisfacer los intereses de una casta política impudente y carente de ética, permitiéndoles crear miles de lucrativos puestos de trabajo absolutamente innecesarios, tanto en la propia Administración como en la compleja red de empresas públicas fundadas al efecto, de dudosa eficacia y nula rentabilidad, además de alimentar chiringuitos y fomentar el clientelismo de los partidos. Todo ello, por supuesto, para satisfacer la megalomanía faraónica de los propios políticos, a costa del despilfarro del dinero aportado por los sufridos y esquilmados contribuyentes. No podrá entenderse, ni apoyarse, que los necesarios recortes presupuestarios que tengan que ser abordados, con el fin de conseguir equilibrar las cuentas del Estado y controlar la deuda soberana, afecten a la calidad de servicios y a las prestaciones de sectores tan sensibles como la sanidad o la educación, sin cortar antes el derroche en el gasto que supone mantener un astronómico dimensionamiento de las administraciones públicas, acabando, de una vez por todas, con esta insostenible situación que está tirando por la borda, sin pudor ni contrapartida justificable, miles de millones de euros; capital que amortiguaría muchos de los sacrificios que habrá que padecer por causa de los muchos y continuados errores cometidos desde la promulgación de nuestra actual Constitución, a los que es absolutamente necesario poner fecha de caducidad.

    Todas las crisis, independientemente de los efectos indeseables que pueden llevar asociados, suelen ser propicias para corregir desequilibrios y situaciones anómalas que, en épocas de bonanza, pueden resultar más difíciles de acometer. En nuestro caso, y dado que además es parte del problema, será necesario poner coto a esa especie de reinos de taifas en los que se han convertido las autonomías, desarrollando unos regímenes políticos y administrativos paralelos e independientes que han conducido a la desmembración del Estado, llevándonos a unos costes disparatados e inasumibles para nuestra economía,  aprovechando igualmente  la coyuntura para poner orden en las entidades administrativas menores: diputaciones, ayuntamientos, etcétera. Si ahora, que es el momento propicio, no se acomete esta labor, el enfermo, o sea, España, podrá mejorar, pero quedará expuesto a una recidiva que, probablemente, ya no podrá superar. Algunas voces críticas, como el caso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, máxima representante del sector liberal del Partido Popular, ya han dado un primer paso al poner en consideración la devolución al Gobierno de España de las competencias en educación, sanidad y justicia, llegando a cifrar en unos 48.000 millones de euros el ahorro que tal medida supondría. Partiendo de esta cifra, no es difícil de imaginar el astronómico gasto al que nos está llevando la deficiente construcción del Estado de las Autonomías y el impresionante ahorro que obtendríamos solo con una ordenación racional de las mismas. El artículo 155 de la Constitución Española vigente, permite al Gobierno, con el apoyo del Senado, tomar medidas correctoras contra  cualquier Comunidad Autónoma cuando se produzca un desmadre que atente contra el interés general, situación que ya se viene produciendo y que, al no ser afrontada, se está agravando en el tiempo. Lo que está por ver es si el actual Presidente, Mariano Rajoy, tendrá el suficiente coraje político para meter mano en tan delicado asunto, teniendo en cuenta que dejaría en la calle a miles de vividores de la política, parte de ellos de su partido, claro, dado que la mayoría no tendrían más remedio que buscarse la vida en otros menesteres y que, en muchos casos, no superarían unas oposiciones para bedeles de institutos de enseñanza media. De momento, no parece estar muy dispuesto a ello, pero el tiempo, las especiales circunstancias,  las presiones externas e internas,  y todo el conjunto de avatares que se dan en la política de alto nivel, pueden hacer cambiar hasta las más firmes convicciones. Si así se cumple, será bueno para España y para el conjunto de los españoles, excepto para los directamente damnificados, por supuesto; aunque, para estos últimos, llevaría asociada una lógica y ajustada penitencia para purgar los abusos más que supuestamente cometidos.

Lo que es seguro es que aún nos queda mucho camino por recorrer y muchas dificultades que superar; pero, como la esperanza es lo último que se pierde, habrá que poner mucha fe para que las tormentas, que aún están por venir, no nos aparten del verdadero rumbo y, aunque algo maltrechos, podamos llegar a buen puerto.

C. Díaz Fdez.

Oviedo 17 de abril de 2012